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Donativos en el Despacho parroquial o en la cuenta

IBAN (ES 2100 0117 90 0200479190)

  

Fernando Giménez Barriocanal


Editorial EDICE ■ Madrid 2007


I. Edición: Abril 2007

II. Edición: Mayo 2007


© Editorial EDICE


Portada: Juan Salvador


Depósito Legal: M-15055-2007 I.S.B.N.: 978-84-7141-621-6


Edita: Editorial EDICE - Conferencia Episcopal Española Imprime: Campillo

Nevado, S.A. - Antonio González Porras, 35-37

28019 madrid



Índice


I.             Introducción

II.            La Iglesia Católica en España

III.           Los fines propios de la Iglesia

IV.          La aportación de la Iglesia a la Sociedad

  1.  Actividad asistencial. Ahorro de costes para el Estado
  2. El asunto de la educación
  3. La demanda de servicios religiosos
  4. El Asunto del Patrimonio

V.            Las fuentes de financiación        

  1.  La colaboración del Estado
  2. Las aportaciones directas de los fieles: prestaciones, colectas, limosnas y oblaciones
  3. Los rendimientos del patrimonio eclesiástico.
  4. Otros

VI.           La austeridad en la Iglesia

VII.         El futuro de la financiación de la Iglesia


I.          Introducción


Los instrumentos de financiación de la Iglesia Católica están sometidos de manera periódica a debate en los distintos medios de opinión pública. En unas oca­siones se reclama a la Iglesia que busque por sí misma mecanismos de “autofinanciación” renunciando a cual­quier tipo de ayuda o colaboración pública. Los que así opinan pretenden basarse en la laicidad del Estado y demandan a la Iglesia capacidad de atraer y gestionar fondos por sus propios medios.


En otras ocasiones, las críticas vienen por el lado contrario. Cuando salen a la luz cifras sobre las inversio­nes en mercados financieros de algunas instituciones de Iglesia, se levantan voces reclamando pobreza, renuncia a las tópicas “grandes fortunas” e incluso, a la incompa­tibilidad ética que supone el que la Iglesia opere en mer­cados financieros. Al final, desde esta postura la conclu­sión es la misma: debe desaparecer la colaboración del Estado con la Iglesia.

En el fondo, se advierten en ambas posiciones postu­ras claramente preconcebidas, no basadas en juicios objetivos sino más bien, en prejuicios un tanto trasno­chados. A lo largo del presente trabajo vamos a intentar exponer cuáles son las principales fuentes de financia­ción de la Iglesia y hasta qué punto ésta depende de la colaboración económica del Estado.


No obstante, antes de comenzar con esta temática, conviene detenerse en precisar qué entendemos por Iglesia Católica en España y cuál es su actividad, es decir, cuáles son los fines de la misma que van a deter­minar, en última instancia, a qué va a destinar sus recur­sos. Sólo desde esta perspectiva podremos entender, de manera correcta, las fuentes de financiación de la Iglesia y lo que ésta está aportando a la sociedad española.


II.        La Iglesia Católica en España


Uno de los principales errores que existen a la hora de valorar la economía de la Iglesia Católica en España consiste en concebirla como una única entidad, una especie de holding o multinacional, con unidad de deci­sión en el ámbito económico. Nada más lejos de la rea­lidad. La Iglesia en España, desde el punto de vista jurí­dico, se hace presente a través de sus instituciones. Entre ellas, destacan:

  

  1.  Nunciatura Apostólica, en representación de la Santa Sede en España.

  2.  Conferencia Episcopal Española, órgano de encuen­tro, diálogo y trabajo colegiado de los obispos de las Diócesis Españolas.

  3.  Las 69 Diócesis en las que está dividida el territo­rio nacional.

  4.  22.700 parroquias canónicamente erigidas, sin contar ermitas y otros lugares de culto.

  5.  905 monasterios de clausura.

  6. Órdenes y Congregaciones religiosas, con más de

  7.  miembros, titulares de colegios, hospitales, etc.

  8.  Alrededor de 13.000 instituciones inscritas en el Registro de entidades religiosas (cofradías, hermanda­des, fundaciones, ONGs)

  9.  Miles de fundaciones pías no autónomas, legados, etc., entidades sin reconocimiento civil, pero sí canónico.

  10.  Otras instituciones como el Arzobispado castrense, organismos supradiocesanos (Universidades Pontificas, Universidades Católicas, etc.)


Por tanto, sin contar con aquellas que no tienen per­sonalidad jurídica civil, existen unas 40.000 entidades que pueden incluirse dentro del concepto “Instituciones de la Iglesia Católica en España”. Todas estas entidades operan con la autonomía que les ofrece la normativa canónica. Por ejemplo, y contrariamente a lo que algu­nos piensan, la Conferencia Episcopal Española no tiene ninguna competencia ni capacidad de decisión sobre los bienes y recursos de las Diócesis españolas, que no tie­nen ni siquiera obligación de rendir cuentas a la misma.


En consecuencia, hablar genéricamente de “los dine­ros de la Iglesia” intentando descubrir una unidad de decisión, carece de todo sentido. Sería tan incorrecto y absurdo como hablar del “dinero de los funcionarios”, “de los albañiles” o simplemente, del “dinero de las familias residentes en una ciudad”.



III.       Los fines propios de la Iglesia


Una pregunta que se realizan algunas personas hace referencia a la licitud por parte de la Iglesia de disponer de bienes y dinero en propiedad. Algunas voces invocan criterios de pobreza evangélica: ¿no debería la Iglesia renunciar a todos sus bienes en favor de los más pobres y, de manera especial, renunciar a las inmensas riquezas que posee (museos, catedrales, etc.)?


La respuesta, dada desde la propia Iglesia, la encon­tramos en el Código de Derecho Canónico, texto reco­nocido por el Estado Español. En su canon 1254 aclara que “la Iglesia puede disponer de bienes para alcanzar sus propios fines”. Esta afirmación plantea con toda cla­ridad el derecho de las instituciones de la Iglesia a dis­poner de bienes, aunque dicha capacidad queda vincula­da a que los mismos se destinen a alcanzar (directa o indirectamente) los fines propios de la Iglesia.


Por tanto, conviene conocer si se encuentran estable­cidos con claridad los principales fines de la Iglesia, que serían los destinatarios de los recursos de la misma. El mismo canon 1254 realiza una enumeración de los fines propios de la Iglesia. Son los siguientes:

  

  1. Sostener al Clero y a sus Ministros. Una primera finalidad consiste en el deber de la Iglesia de sostener de manera adecuada (o “congrua”) a aquellas personas que se han consagrado a su servicio (clero y ministros). En esta dirección se organizan algunos instrumentos como los fondos de sustentación del clero en las Diócesis españolas. Hay cerca de 20.000 sacerdotes seculares en España.

  2. Ejercicio del Apostolado. La Iglesia, como deposi­taría de la Buena Noticia, tiene la misión de anunciar esta palabra de salvación al mundo. Las palabras de Jesús: “Id al mundo entero y anunciad el Evangelio”, o de San Pablo: “Ay de mi si no evangelizare”, son un buen ejem­plo de esta misión de la Iglesia. Esta buena noticia de “Cristo Resucitado” es presentada y anunciada de muchas maneras a través, no sólo de la acción directa (por ejemplo la catequesis o la misión), sino a través de la presencia en los distintos ámbitos de la vida pública (educación, medios de comunicación, etc.).

  3.  Mantener el Culto (Actividad litúrgica). La Iglesia vive y expresa su fe en comunidad a través de la liturgia (celebración de la eucaristía y del resto de los sacramen­tos). Para ello, es preciso disponer de los lugares apro­piados (parroquias, salones, etc.) y de su consiguiente mantenimiento. Hay en España unas 22.700 parroquias canónicamente erigidas, sin contar ermitas y otros cen­tros de culto.

  4.  El ejercicio de la Caridad. La experiencia del Amor de Dios derramada en Cristo Jesús, lleva a la Iglesia a reconocer en el prójimo el rostro de Cristo, de manera particular en el pobre y en el más necesitado. La Cáritas cristiana es imagen del gran amor que Dios tiene al hom­bre y que lleva a éste a darse a los demás sin esperar nada a cambio. Toda la ingente acción social y caritativa de la Iglesia nace de esta experiencia.


Estos fines no pueden contemplarse de manera aisla­da. Hay personas que valoran positivamente la actividad social de la Iglesia pero que descalifican el resto. Tienen una visión errónea de la realidad de la Iglesia. Los miles de voluntarios de la Iglesia en actividades sociales no nacen por generación espontánea. Son personas que han recibido el anuncio de la Buena Noticia a través de la predicación y viven y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa experiencia es la que da razón de ser a toda su actividad.


IV.       Aportación de la Iglesia a la sociedad


Resulta prácticamente imposible realizar una valora­ción exacta de la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad española, ya que a los elementos cuantificables hay que unir multitud de elementos difícilmente valorables. En todo caso y con el único objetivo de mostrar la magnitud de dicha aportación veamos algunos datos de interés.


4. 1.  Actividad asistencial.

         Ahorro de costes para el Estado


Una de las labores más apreciadas realizadas por las instituciones de la Iglesia es la labor asistencial para con los sectores más desfavorecidos.


En este sentido puede citarse, según los datos publi­cados ya (“La Iglesia Católica en España. Estadísticas”. Editorial EDICE. Madrid 2002), a modo de ejemplo, los siguientes:

  

  


En el ámbito de la pastoral penitenciaria y según datos de 2000, hay 137 capellanes dedicados a esta acti­vidad, con 603 parroquias colaborando para atender a 82 centros penitenciarios con más de 45.000 presos.


Esa actividad cuenta con 2.769 voluntarios, 1.998 de ellos en las cárceles y 771 fuera de ellas. La Iglesia cuenta con 73 centros para la acogida de reclusos en libertad provisional, 54 para atención de toxicómanos y 24 para enfermos de SIDA. Son cientos las entidades religiosas que colaboran en esta actividad.


Sólo Cáritas Española, por poner un ejemplo (Memoria 2005. Caritas Española), invirtió en toda la geografía nacional un total de 170 millones de euros, entre sus 17 programas de Asistencia social y desa­rrollo (acogida, infancia, familia, juventud, mujer, mayo­res, empleo, inmigrantes, comunidad gitana, drogodependencia, SIDA, sin techo, reclusos, discapacidad, etc.).


Últimamente, la Iglesia viene realizando también una intensa labor de atención a los emigrantes que supone, asimismo, que la Iglesia está asumiendo el desempeño de funciones que en otro caso tendría que tomar a su cargo el Estado. Son muchas las parroquias en las que se han establecido Centros de atención a los emigrantes, en los que se les proporciona servicios muy importantes, como la búsqueda de empleo o de alojamiento, ayudas económicas, información sobre su situación legal, etc. Es conocido que en algunas de las ciudades con mayor afluencia de emigrantes, la Iglesia ha montado residen­cias que ayudan a paliar la insuficiencia de los centros de acogida estatales. Es de destacar la actividad desarro­llada, por ejemplo, por la Asociación Comisión Católica de Migraciones (Puede verse un resumen de su amplia labor en favor de los inmigrantes en su página web http://www.accem.es), con centros de acogida a refugiados e inmigrantes, atención y asesoramiento legal, inserción socio-laboral, infancia, acogida a Mujeres, etc.


Además, la Iglesia en España, desarrolla una impor­tantísima labor de cooperación internacional. Institucio­nes como Cáritas, con programas por más de 17,4 millo­nes de euros o Manos Unidas, con 46 millones de euros recaudados (un 83% procedente del sector privado) y destinando el 92% de los recursos a proyectos concretos (205 en América por 18,6 millones de euros, 282 en África por 12,5 millones, 233 en Asia por 10,2 millones).

La cuantificación del ahorro de costes para el Estado en este campo sería muy compleja, aunque cualquier valoración a la baja podría situar la cifra en varios miles de millones de euros.


4. 2,   El asunto de la educación


En el campo educativo el cálculo del ahorro en cos­tes es mucho más sencillo. Según datos del propio Ministerio de Educación (“Libertad y Financiación de la enseñanza: condiciones y exigencias”. FERE (Federación de religiosos de enseñanza). Documento publicado en octubre de 2005), una plaza en un centro públi­co tiene un coste anual de 3.518 €. Por su parte, en un centro concertado esa misma plaza cuesta al erario público únicamente 1.841 € (importe pagado por la administración al centro educativo por cada plaza). Tomando como base el año 2002/03 donde se encontraban escolarizados un total de 1.741.697 alumnos en estos centros, se llega a la conclusión de que la adminis­tración ha tenido un ahorro en costes por este concepto de 2.920 millones de euros en ese año.


Las cifras en sí pueden ser frías, pero si comparamos los casi 3.000 millones con el importe del total de la cola­boración del Estado con la Iglesia en su sostenimiento (144 millones de euros en 2006) o con el complemento presupuestario para la Iglesia (12,8 millones de euros en el año 2005), comprenderemos que la aportación de las instituciones de la Iglesia a la sociedad no admite compa­ración con las ayudas que recibe para su sostenimiento.


Al margen del ahorro de costes directo, la actividad educativa en los centros de la Iglesia no se limita exclu­sivamente al campo intelectual de transmisión de cono­cimientos. Todos los centros disponen de un modelo propio de educación o ideario que trasmite a los alum­nos un conjunto de valores (familia, estudio, trabajo, honradez, amistad, generosidad, etc.), que contribuyen muy notablemente al bien común de la sociedad y que deben ser convenientemente valorados.


En un momento como el actual, con grave crisis de valo­res éticos y donde cada día hay más informaciones sobre comportamientos inadecuados e incluso agresivos en las aulas con los propios profesores, acosos a alumnos, etc., estos centros representan un importantísimo foco de trans­misión a los niños y jóvenes de aquellos valores que permi­ten a una sociedad poder desarrollarse de manera adecuada.


No es de extrañar que, con carácter general y a pesar del descenso de población en edad escolar, la demanda de plazas en centros educativos concertados supere cada año ampliamente la oferta existente, en una prueba más de que los padres desean ese tipo de educación para sus hijos.


4. 3.   La demanda de servicios religiosos


El Estado a través de sus Presupuestos Generales y con otros mecanismos de actuación, trata de fomentar el desarrollo de aquellas actividades legítimas que son solicitadas por grupos importantes de ciudadanos.


En dichos Presupuestos se incluyen subvenciones y otras ayudas para fomentar actividades que son solicitadas por parte de la sociedad y que se consideran dignas de pro­tección, aunque pueda haber un número mayor o menor de ciudadanos que no tengan interés en estas actividades e incluso que estén a favor de que dejen de fomentarse.


Existe, sin duda, una demanda social importante de la actividad espiritual que desarrolla la Iglesia Católica.


Las encuestas muestran que el número de españoles que se declaran católicos es mayoritario –y últimamen­te hay que sumar a este grupo el número de emigrantes de Latinoamérica o de otros países católicos, como Polonia–. El último dato ofrecido por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Centro de Investigaciones Sociológicas. Opciones y actitudes sobre la familia. Estudio 2578. Octubre-Noviembre 2004. Pregunta 34. ¿Cómo se define usted en materia religiosa?:

74,9% católico;

1,8% otra religión;

13,7% no creyente;

7,1% ateo;

2% no sabe, no contesta.

indica que el 74,9% de los residentes en España se declara católico, frente al 1,8% que afirma ser creyente de otra religión.


Las estadísticas muestran, asimismo, que el número de personas que demanda y utiliza los servicios religio­sos es muy importante: entre 7 y 8 millones de fieles acuden a misa los días festivos, en lo que supone, en el ámbito social, el acontecimiento más importante con relevancia social y número de personas participantes con periodicidad semanal.


Otros datos sobre la actividad religiosa en España (“La Iglesia Católica en España. Estadísticas”. Editorial EDICE. Madrid 2002)  son, en cómputo anual, los siguientes:



  

 

Año2000

Numero de Bautizos

283.226

Primeras comuniones

265.801

Confirmaciones


 

132.885

Matrimonios eclesiásticos canónicos

150.739



A todos estos datos hay que añadir otros datos difícil­mente cuantificables:


I.   De los 371.934 fallecidos en España (Dato extraído de la página Web del Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población 2004. Defunciones), un porcenta­je mayoritario recibieron sepelio católico.

II.   Los fieles demandan cada día miles de intenciones de Misa en las 23.000 parroquias que existen en España.


Miles de niños, jóvenes y adultos reciben semanal­mente formación y catequesis en las parroquias y demás centros de la Iglesia.


Los fieles católicos reciben consejo y acompaña­miento espiritual de los 20.000 sacerdotes pertenecien­tes a las 69 Diócesis españolas. Esta actividad de acom­pañamiento es especialmente importante en los ámbitos rurales, donde, debido a la escasa población, existen muy pocos servicios cercanos a las personas.


Que una parte tan importante de la población desee recibir asistencia religiosa, justificaría por sí solo que el Estado contribuya a facilitar esta asistencia, como hace con otras que responden a una demanda social mucho menor.


4. 4.   El Asunto del Patrimonio


La Iglesia Católica en España es depositaría de un importante patrimonio cultural. Dichos bienes han ido surgiendo en el seno de la Iglesia a lo largo de los veinte siglos de presencia de la Iglesia Católica en nuestro país.


Se trata de bienes creados o recibidos por distintas Instituciones de la Iglesia, que han conservado y siguen en parte utilizando para el culto, la evangelización y la difusión de la cultura (M.A. Sancho, “El Patrimonio Cultural de la Iglesia”. Pág. 16. Eds. Munilla-Leria. Trabajo incluido en el máster de Restauración y rehabilita­ción del Patrimonio de la Universidad de Alcalá). Es decir, este patrimonio cultural no se plantea nunca como una riqueza en sí misma, sino destinada al cumplimiento de los fines propios de la Iglesia y de manera especial, al culto y a la evangelización. Las fachadas de las catedrales, los retablos, las imá­genes, han representado durante siglos un magnífico ins­trumento de transmisión de la fe, y aún siguen siéndolo.


Dicho Patrimonio, lejos de constituir un tesoro eco­nómico o fuente de negocio, como algunos piensan, se ha planteado siempre como un servicio a los demás, es un tesoro cultural para todos, pero en ningún caso un tesoro “económicamente rentable” (D. Iguacen Borae, Mons. Damián. “La Iglesia y su patrimonio cultural”. Editorial EDICE. Madrid 1984. Pág. 23.). Más bien todo lo contrario.


La Iglesia, como depositaría de ese patrimonio, debe hacer frente a importantes gastos de rehabilitación y de mantenimiento ordinario, que no puede obviarse. Es cierto que existen importantes programas nacionales y autonómi­cos que colaboran en planes de rehabilitación, pero el peso del mantenimiento y de la puesta en disposición del uso de dichos bienes recae fundamentalmente en la Iglesia.


Además, hay que tener en cuenta que al margen de los fines religiosos propios de dichos bienes, es incues­tionable el valor o interés cultural de los mismos. Para hacerse una idea de lo que estamos hablando, basta con enumerar las clases en que puede ser distinguido el patrimonio cultural de la Iglesia (C. Corral e I. Aldanondo, “Código del Patrimonio Cultural de la Iglesia”. Editorial EDICE. Madrid 2001. Pág. 24 y ss.):


1) Patrimonio Monumental. Se trataría de:

• Patrimonio Inmueble: Catedrales, Iglesias, ermitas, etc.

• Patrimonio Mueble: En el que destaca, de manera especial, las imágenes, esculturas, pinturas, objetos litúr­gicos, ornamentos, etc. Gran parte de este patrimonio está catalogado en Museos Diocesanos o se expone periódica­mente en eventos como las “Edades del Hombre”, etc.

2) Patrimonio Documental. Se trata de documentos de todo tipo, reunidos en archivos.

3) Patrimonio Bibliográfico. Constituido por las Bibliotecas, algunas de ellas de una gran importancia.

4) Patrimonio Arqueológico. Conformado por todos aquellos bienes, muebles e inmuebles, susceptibles de ser analizados y estudiados con métodos arqueológicos.

5) Patrimonio Etnológico. Se trata de aquellos bie­nes muebles e inmuebles, así como los conocimientos y actividades que han sido y son, de hecho, una expresión de la cultura tradicional en sus aspectos materiales, sociales o espirituales (tradiciones, romerías, fiestas, escenificaciones, etc.).


Realizar una valoración de lo que supone para la sociedad el mantenimiento y conservación de todo este patrimonio es tarea imposible, pero es evidente que no se puede concebir nuestro país sin este patrimonio cultural.


Desde el punto de vista económico el citado patrimo­nio cultural es, en muchos casos, una fuente importante de ingresos para la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en todos los ingresos indirectos que genera el patrimonio monumental en ciudades como Toledo, Burgos, León, etc. El beneficiario económico final de los mismos son las empresas del ámbito turístico, restauración, tiendas, etc., circunstancia de importancia vital en algunas localidades. Es toda la sociedad la que se beneficia del esfuerzo de mantenimiento de todo el patrimonio cultu­ral que obra en manos de la Iglesia.


V.   Las fuentes de financiación


Una vez conocidas las actividades propias de la Iglesia con repercusión económica en la sociedad, pode­mos analizar cuáles son sus principales fuentes de finan­ciación. En síntesis, podríamos clasificarlas en tres soportes diferentes y concretos:

  1.  La Colaboración del Estado y del resto de las Administraciones Públicas.

  2.  Las aportaciones directas de los fieles: prestacio­nes, colectas, limosnas y oblaciones.

  3.  Los rendimientos del patrimonio eclesiástico per­tenecientes a las distintas Instituciones de la Iglesia.

  4.  Otros: Prestación de servicios concretos como los realizados en los hospitales, editoriales católicas, etc.


5. 1.   La colaboración del Estado   (Tomado y adaptado del artículo publicado por el autor “La Colaboración del Estado con la Iglesia” en el diario La Razón con fecha de 4 de mayo de 2006).


El artículo 16 de la Constitución Española de 1978 establece que los poderes públicos “mantendrán las con­siguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. La firma, en enero de1979, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Económicos obedece a este pre­cepto. Se trata de un Tratado Internacional a todos los efectos, constitucional y refrendado por las Cortes Españolas en octubre de 1979 con abrumadora mayoría (273 votos a favor en el Congreso y ningún voto en con­tra en el Senado).


El Acuerdo establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absolu­to del principio de libertad religiosa ” (art II.1). En fun­ción de esto, se globalizó en una única cantidad las dis­tintas ayudas que percibía la Iglesia para su sostenimien­to básico y se estableció un periodo de tres años para implantar el sistema de la asignación tributaria. De esta forma, serían los contribuyentes los que decidirían qué se hace con una pequeña parte de los impuestos que pagan.


Por distintas razones, la asignación tributaria no se implanta hasta mayo de 1988, es decir, con 6 años de retraso. Además, su desarrollo se realiza de manera uni­lateral por el gobierno del momento, estableciendo un porcentaje claramente insuficiente (el 0,5239%) y una alternativa (“otros fines de interés social”) que no esta­ba prevista en los Acuerdos y que desvirtuó el sistema.


Aun así, el Acuerdo establecía dos cautelas importan­tes. En primer lugar, un nuevo periodo transitorio, donde el sistema de asignación fuera sustituyendo progresiva­mente a la aportación del Estado. una segunda cautela, muy importante, indicaba que el sistema debía propor­cionar a la Iglesia “recursos de cuantía similar”, por lo que la dotación a la Iglesia, durante este periodo, debe­ría ser “actualizada anualmente”.


Este segundo periodo transitorio, de tres años, tendría que haber supuesto que en 1991, se hubiera establecido un sistema basado en la asignación tributaria, que fuera capaz de proporcionar la citada “cuantía similar” acor­dada y que permitiera la desaparición del complemento presupuestario. No ha sido así. Durante 15 años se ha dialogado sobre esta situación aunque, por muy distintas razones y con distintos gobiernos, no se consiguió dar este paso. De hecho, en todos estos años y a pesar de que el coeficiente se demostró insuficiente (no se ha variado el 0,5239%), el complemento ha ido descendiendo, tanto por el incremento de la asignación tributaria como porque la actualización no se ha realizado teniendo en cuenta la inflación real.


Merece la pena destacar el paso dado en el año 2000 consistente en la separación o compatibilidad entre la asignación a favor de la Iglesia y la asignación a otros fines. Gracias a ello, los contribuyentes pueden optar por marcar ambas opciones, sin que ello suponga una disminución del dinero que asignan a la Iglesia.


Tras un largo proceso negociador, se produce el inter­cambio de notas entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores de fecha 22 de diciem­bre de 2006 y que plasma el acuerdo llegado para la reforma del sistema de asignación tributaria y la adapta­ción del régimen de IVA de la Iglesia a los requerimien­tos de la Comisión Europea.


La ley de presupuestos de 2007 incluye, en sus dispo­siciones adicionales, el desarrollo del nuevo sistema. A partir del año 2007, se eleva el coeficiente de asignación tributaria al 0,7% y la Iglesia renuncia al carácter míni­mo de los pagos a cuenta que venía recibiendo. A partir de este momento, sólo recibirá para su sostenimiento básico y por esta vía, el 0,7% de la cuota íntegra de los contribuyentes que expresamente manifiesten su volun­tad marcando la casilla correspondiente. Asimismo, en dicho coeficiente se incluye la compensación económi­ca prevista por la desaparición de la exención por I.V A. en la entrega de bienes inmuebles y la adquisición de objetos destinados al culto. se trata de un modelo equi­librado, en plena sintonía con el texto del Acuerdo y que da un paso fundamental en el proceso de autosostenimiento de la Iglesia, al desaparecer los complementos presupuestarios.


El dinero procedente de la colaboración del Estado con la Iglesia (12,5 millones de euros al mes) supone una parte pequeña (aunque necesaria) de los recursos que disponen las Diócesis para su sostenimiento básico. Aunque no hay datos exactos, dado que cada Diócesis mantiene una administración separada, se estima que este sistema puede suponer el 25% del total de los gas­tos en dinero de mantenimiento de las Diócesis. El resto proviene, fundamentalmente, de la aportación directa de los fieles. No obstante, la dependencia de la asignación tributaria es muy distinta según el tipo de Diócesis, aumentando en las zonas rurales más desfavorecidas económicamente de nuestro país.


Como hemos visto anteriormente, la aportación de la Iglesia a la sociedad es evidente y justifica plenamente la colaboración de los poderes públicos.


La demanda de los ciudadanos de servicios religiosos justifica por sí misma, la colaboración del Estado. Además, el sostenimiento básico de la Iglesia le permite a sus instituciones desplegar la importantísima labor social a la que ya nos hemos referido.


En resumen, la asignación tributaria constituye un buen instrumento de colaboración y compromiso con la Iglesia tanto para los creyentes, por razones obvias, como para aquellos que no comulgando con la misma, desean mantener una Institución que contribuye al bien común.


Al margen del sistema de asignación tributaria, exis­ten otros mecanismos de colaboración directa o indirec­ta de las Administraciones Públicas con la Iglesia:

  

  1. Régimen Fiscal: El Acuerdo sobre Asuntos Económicos y sus posteriores desarrollos establecía un determinado régimen fiscal para las instituciones de la Iglesia. No obstante, dicho régimen fiscal ha sido ampliamente superado por la entrada en vigor de la lla­mada “Ley del mecenazgo” (Ley 49/2002). Se trata de un régimen fiscal muy ventajoso para gran parte del sec­tor no lucrativo de nuestro país, régimen al que pueden acceder las entidades de la Iglesia, según lo previsto en la disposición adicional novena de la misma. Al margen de esta norma y una vez desaparecida la exención de IVA, las instituciones de la Iglesia disponen del mismo régimen fiscal que cualquier fundación (Únicamente y en virtud del Acuerdo y sus desarrollos, las Entidades del artí­culo IV (Diócesis, parroquias, Congregaciones...) están exentas de Contri­buciones Especiales y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras).En consecuen­cia, a día de hoy, no se puede afirmar que la Iglesia dis­ponga de un régimen fiscal privilegiado o diferenciado.

  2. Deducciones en donativos: La misma Ley 49/2002 establece un régimen de deducciones a los donativos entregados y en consecuencia, también para las entida­des de la Iglesia. Sin duda, las deducciones por donati­vos pueden ser un mecanismo importante de estimula­ción de las donaciones a la Iglesia, aunque los límites de aplicación establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta limitan el alcance del mismo.


5. 2.   Las aportaciones directas de

          los fieles: prestaciones, colectas, limosnas y oblaciones


La principal fuente de financiación de las entidades de la Iglesia la representa las aportaciones directas de los fieles, bajo las distintas fórmulas existentes.

Entre estas formulas pueden citarse:

  

  1. Colectas ordinarias: Realizadas en el curso de las celebraciones litúrgicas, son el mecanismo ordinario de captación de recursos de muchas parroquias.

  2. Suscripciones periódicas: Consiste en la captación de cuotas de carácter mensual, trimestral y anual, suscri­tas por los fieles y que permiten a las entidades de la Iglesia disponer de unos recursos de carácter estable. Es el método más moderno de captación de recursos que se está implantando en la gran mayoría de las entidades de la Iglesia. No obstante, todavía existe en España la cre­encia, en muchos sectores, de que la Iglesia está finan­ciada por el Estado, razón por la que es difícil la labor de concienciación.

  3. Herencias y Legados: Históricamente, las heren­cias han representado una importante fuente de financia­ción para la Iglesia. Muchos de los bienes desamortiza­dos en el siglo XIX tenían ese origen. Aunque hoy en día las herencias no tienen la importancia de antaño, pueden representar un sistema complementario de financiación.

  4. Aranceles: se trata de las cantidades recabadas por intenciones de misas, expedientes matrimoniales, etc. En algunas Diócesis existen unas tablas fijas mientras que en otras es de carácter orientativo.

  5. Colectas extraordinarias: Se trata de campañas extraordinarias destinadas a alguna finalidad concreta (DOMUND, Campaña contra el hambre, Día del emi­grante, etc.)


5. 3.   Los rendimientos del patrimonio eclesiástico


La Iglesia, desde muy temprano, fue constituyendo un patrimonio estable, de cuyos frutos se sustentaban deter­minadas obras apostólicas. Dichos patrimonios no pueden ser enajenados o convertidos en dinero para atender nece­sidades diversas, sino que tienen carácter permanente.


Los administradores de esos bienes tienen la obliga­ción de custodiarlos y, con criterios de prudencia y de con­servación del capital, procurar obtener una rentabilidad adecuada que permita acometer las actividades previstas.


En la actualidad, esta realidad da lugar a la presencia de instituciones religiosas en los mercados financieros como inversionistas o, en ocasiones, como propietarios de inmuebles objeto de alquiler. No se trata, por tanto, de remanentes de fondos no empleados, sino de capita­les fundacionales que buscan el cumplimiento de la voluntad de los donantes.


Con todo, el rendimiento del patrimonio de las insti­tuciones de la Iglesia supone una pequeñísima parte de sus ingresos, que en ninguna Diócesis supera el 5%.


5.4.   Otros


Al margen de las fuentes ya indicadas, algunas insti­tuciones de la Iglesia acceden a otros mecanismos de financiación de carácter más general. Entre ellos:



VI.   La austeridad en la Iglesia


Aunque muy rápidamente, hemos visto algunas pin­celadas de lo que supone la economía en las entidades de la Iglesia. En todo caso, es importante destacar que estas entidades viven en un clima de enorme austeridad, no comparable con la media de la población española. Veamos sólo algunos ejemplos:


VIII.   El futuro de la financiación


De lo anteriormente expuesto se puede concluir que la aportación de la Iglesia a la sociedad española es incuestionable. Cualquier análisis mínimamente serio concluye que las instituciones de la Iglesia aportan a la sociedad mucho más de lo que ésta le entrega, desde el punto de vista financiero.


En todo caso, y mirando un poco al futuro, podríamos destacar:

  

  1. No parecería razonable que cesara el régimen de colaboración económica del Estado con la Iglesia. Aunque algunos demandan que la Iglesia tiene obligación de auto- financiarse y, llegado ese momento, cesar las ayudas esta­tales, la realidad es que el Acuerdo no dice eso. En con­creto, el Acuerdo solo contempla una declaración de pro­pósitos por parte de la Iglesia. Además indica que, en el caso de que se llegara a una situación de autosostenimiento, Iglesia y Estado se pondrían de acuerdo para sustituir el sistema actual por otros mecanismos de colaboración.

  2. Es urgente una labor de concienciación de todos los fieles sobre la necesidad de sostener a su Iglesia.

  3. Deben potenciarse, por parte de la Iglesia, meca­nismos de captación de recursos, como suscripciones, herencias, etc. El Estado debe procurar colaborar, con un adecuado régimen fiscal, en esa captación.

  4. La Iglesia debe hacer un esfuerzo de transparencia informativa, dando cuenta del dinero obtenido y de cómo se ha empleado. Dicha transparencia debe darse a todo nivel (parroquias, Diócesis, otras instituciones, etc.)

  5. Hay que dar pasos para lograr una gestión más pro­fesionalizada de los recursos económicos.

  6. Hay que buscar soluciones imaginativas en la cap­tación de recursos, adaptados al momento actual, tales como convenios de colaboración, etc.

  7. En todo caso, los gestores no pueden olvidar nunca que el único fin de los recursos económicos en las institu­ciones de la Iglesia es atender a sus fines: mantener el clero, anunciar la Buena Noticia de Cristo Resucitado, celebrar dicha fe en la comunidad y realizar obras de caridad.


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