Un nuevo acuerdo para España


Quisiéramos hacer algunas referencias a las cuestiones morales que atañen a la fe de los católicos respecto al programa del nuevo Gobierno.


Respecto a la enseñanza


La familia tiene el derecho de educar a los hijos, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación a ello, derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mismo inviolable por parte de la autoridad política.


Nuestra Constitución, en el Art. 27, 3, establece que: «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».


San Juan Pablo II recordaba, hace años, en Madrid, los derechos de las familias con respecto a la educación de los hijos. «Tratándose de un deber fundado sobre la vocación primordial de los cónyuges a cooperar con la obra creadora de Dios, les compete el correspondiente derecho de educar a sus propios hijos. Dado su origen, es un deber-derecho primario en comparación con la incumbencia educativa de otros; insustituible e inalienable, esto es, que no puede delegarse totalmente en otros ni otros pueden usurparlo.


» No hay lugar a dudas de que, en el ámbito de la educación, a la autoridad pública le competen derechos y deberes, en cuanto debe servir al bien común. Ella, sin embargo, no puede sustituir a los padres, ya que su cometido es el de ayudarles, para que puedan cumplir su deber-derecho de educar a los propios hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.


» La autoridad pública tiene en este campo un papel subsidiario y no abdica sus derechos cuando se considera al servicio de los padres; al contrario, ésta es precisamente su grandeza: defender y promover el libre ejercicio de los derechos educativos. Por esto vuestra Constitución establece que 'los poderes públicos garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está en conformidad con sus propias convicciones' (cfr. Art. 27, 3).


» Concretamente, el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos debe ser particularmente garantizado. En efecto, por una parte, la educación religiosa es el cumplimiento y el fundamento de toda educación que tiene por objeto —como dice también vuestra Constitución— 'el pleno desarrollo de la personalidad humana' (Art. 2). Por otra parte, el derecho a la libertad religiosa quedaría desvirtuado en gran medida, si los padres no tuviesen la garantía de que sus hijos, sea cual fuera la escuela que frecuentan, incluso la escuela pública, reciben la enseñanza y la educación religiosa» (San Juan Pablo II, Homilía a las familias de España, Madrid, 2-XI-1982).


Igualmente San Juan Pablo II decía en Italia en un encuentro con familias, que reunió a más de cincuenta mil personas: «Es importante y urgente que se ponga en marcha un sistema escolar y educativo que tenga su centro en la familia y en su libertad de decidir el tipo de escuela. No se trata, como algunos afirman erróneamente, de quitar a la escuela pública para dar a la escuela privada, sino más bien de superar una sustancial injusticia que penaliza a todas las familias, impidiendo una efectiva libertad de iniciativa y de elección».


Este derecho se ve conculcado, en los principios, en aquellos sistemas que atribuyen una prioridad del Estado sobre la familia, invirtiendo el principio de subsidiariedad. Conviene recordar que este principio está recogido en multitud de Tratados. Mencionamos el Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuando señala que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».


El monopolio educativo constituye, en definitiva, un ataque frontal a la libertad, en cuanto que la libertad de enseñanza no es sino un aspecto de la libertad en general. No obstante, se tendría una visión parcial si se redujese el problema a una oposición laicismo-confesionalismo. La libertad de enseñanza es un principio tanto para la confesionalidad como para instituciones no confesionales. Por lo tanto, no es un problema religioso sino civil.


Por ejemplo, cada escuela debe definir su Proyecto Educativo atendiendo a las necesidades de los alumnos. El Proyecto Educativo puede ser diferente según los Centros escolares y por ello deben compaginarse los sistemas educativos de enseñanza mixta (coeducación) y enseñanza diferenciada —por no ser discriminatoria—, para salvaguardar el derecho de los padres a la elección del sistema pedagógico, ya que ninguno de los dos vulnera ninguna disposición internacional.


El 14 de diciembre de 1960 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Undécima reunión celebrada en Paris del 14 de noviembre al 15 de diciembre aprobó la presente Convención: “no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:


   La creación o el mantenimiento de sistemas o centros de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o centros ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudios o programas equivalentes.

   La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o centros separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a esos centros es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado”.


A cerca de la eutanasia


Catecismo de la Iglesia católica


2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable.


Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre (cf. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona).


2278 La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento terapéutico”. Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.


2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados.


Respecto a la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas.


Hay que tener en cuenta lo que significa cada termino que se expresa en este punto:


Laicidad: Mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte.

Laicismo: Hostilidad o indiferencia contra la religión.

La laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, según el Concilio Vaticano II, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte.


¡La laicidad no es el laicismo!


La laicidad del estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Mas bien dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado.  La base de la cooperación está en que ejercer la religión es un derecho constitucional y beneficioso para la sociedad.


A cerca de las políticas feministas.

 

Existe una promoción de la mujer absolutamente razonable y conveniente: consiste en que tanto el hombre como la mujer sean aceptados como son. Mas, por otra parte, hay un feminismo radical que ha jugado un papel decisivo en la destrucción de la familia tradicional. Es sorprendente que un hecho tan elemental, como es la posibilidad de ser padre o madre y las capacidades que de ello se derivan, haya causado tantos extravíos. Desde el punto de vista cristiano, debido a la maternidad precisamente, a la mujer corresponde una "precedencia específica sobre el hombre" (San Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem)


Como madre, la mujer es llamada a ser “lugar” donde se efectúa el acto de la Creación divina, pues cuando surge una nueva vida, los padres cooperan, de un modo increíble con Dios. El nuevo ser humano es confiado a la mujer antes que al hombre, para que ella ― primero dentro de sí ― lo acoja, lo proteja y alimente. Es verdad que el embarazo no está exento de esfuerzo y agotamiento; sin embargo, ¿no demuestra una predilección especial hacia la mujer que ella pueda experimentar el amor creador de Dios incluso en lo más íntimo de su mismo cuerpo? Sólo desde una perspectiva muy superficial, se puede sostener que la maternidad disminuye o perjudica a la mujer y que, como madre, la mujer es inferior o tiene desventajas. Al contrario, se puede decir que, debido a su maternidad, a la mujer le corresponde una “precedencia específica sobre el hombre”.


No por eso, la mujer debe quedar “encerrada en la casa” aunque algunos grupos feministas lo dan por demostrado. Es cierto que, a bastantes mujeres, el nacimiento de un hijo les supone una carga, en parte por la poca comprensión de los demás y, en parte, debido a estructuras sociales injustas. Sin embargo, estas últimas son consecuencias del pecado, no circunstancias que necesariamente acompañen a la maternidad. No pueden ser motivo para negar la vida a un nuevo ser humano, sino que esas estructuras injustas deben desaparecer. Este es, en todas las sociedades, uno de los desafíos más urgente para los cristianos.


Cuando una mujer acepta ser madre, puede seguir a Cristo, de una manera que no es espectacular, pero sí muy íntima. Ella da testimonio de “la bondad y la amistad de Dios con los hombres” (San Juan Pablo II), forma un hogar, transmite valores culturales y religiosos. En esta labor, se dará cuenta de que a Cristo se le encuentra en la cruz, a la vez que reconocerá que, desde su lugar, está llamada a trabajar activamente en la expansión del Reino de Dios.